CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ECONOMÍA Y ÉTICA

Por Dr. Rolando Morales Anaya (La Razón)

Por su naturaleza, la Constitución Política del Estado (CPE) es una declaración de principios cuyas consecuencias se plasman en leyes y otras normas jurídicas. Como declaración de principios, ella puede estar enfocada a: a) establecer la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, b) definir la distribución de los recursos naturales y/o de sus rentas entre las personas que nacieron en un mismo territorio, c) establecer reglas de convivencia pacífica o de competencia. El debate con relación a estos tres puntos supone un ejercicio de racionalidad que no estuvo presente en las etapas previas de conformación de una sociedad definidas como la gregaria, o agrupación espontánea de seres físicamente semejantes o el agrupamiento alrededor del más fuerte en búsqueda de protección a cambio de alguna forma de tributo.

La voluntad de un grupo de personas de vivir juntas se basa en la idea de que juntos se puede lograr mejorar las condiciones vida de todos en una mayor medida que lo que podría hacerlo cada persona individualmente. A partir de esta definición, se crea una “moral” entendida como el conjunto de normas de comportamiento generalmente aceptadas por la sociedad; nacen conceptos como los de justicia, equidad, inclusión, etc., pues, queda claro que nadie, usando su libre albedrío, podría aceptar hacer parte de una sociedad en la cual se quede relegado en la distribución de los beneficios del esfuerzo colectivo, es decir, se sienta excluido o injustamente tratado.

Se puede suponer que las personas desean vivir juntas por tres razones fundamentales: 1) Beneficiarse de economías de escala, pues algunos servicios serían muy onerosos si fueran producidos individualmente, por ejemplo, educación, salud, agua, vías de comunicación, etc., 2) Ayudarse mutuamente para progresar, por ejemplo, facilitándose la posibilidad de realizar actividades económicas, aumentar el capital humano y recibir socorro en caso de necesidad (situaciones de desempleo, accidentes, etc.), 3) Protegerse mutuamente con relación a amenazas externas En una segunda etapa, debe elaborarse una nueva legislación acorde con la nueva CPE determinando el horizonte de su aplicación. Parte de este esfuerzo, lleva a consideraciones relativas a la ciencia económica y a la moral, desarrollaremos a continuación algunas de ellas.

Deberán ser eliminadas las estructuras no equitativas con relación a los derechos y/o a las obligaciones que llevan a la polarización y al conflicto subsiguiente obstaculizando la construcción de una sociedad. La equidad concierne no sólo a las oportunidades (tema que está de moda) sino también al sacrifico demando de los ciudadanos, por ejemplo con relación a los impuestos, y los beneficios a los cuales se les da la oportunidad de acceder.

Deberá establecerse lineamientos sobre el tipo del esfuerzo colectivo a realizar para dar eficiencia a la provisión de servicios de consumo colectivo (educación, salud, agua, etc.). Bolivia y América Latina han pasado por un penoso período histórico donde se planteó la privatización de la provisión de estos servicios cuyos costos eran anteriormente financiados por  los  impuestos  y  los  ingresos  originados  en  las  empresas  públicas.  Utilizamos la expresión penoso pues al dejar de ser gratuitos estos servicios, se corrió el riesgo de privar de su acceso a algunos miembros de la sociedad, poniéndolos en situación de renegar de ella. De haber continuado estos procesos, hubieran contribuido a desestructurar nuestra sociedad en ciernes.

Debe tomarse en cuenta el horizonte temporal de sacrificios y beneficios. Por ejemplo, la ayuda a los pobres por los que no son pobres debería traducirse en una mejor sociedad para todos en el futuro. Deberá eliminarse la posibilidad de que la sociedad actual consuma los ingresos de las generaciones futuras a través de operaciones de deuda externa.

En el limite de la economía y la moral, se encuentran contrapuestos los conceptos de solidaridad y competencia. En el enfoque antes descrito de la CPE como voluntad de vivir juntos, la solidaridad es un elemento imprescindible para conformar una sociedad.  El criterio de competir para mejorarse y mejorar a la sociedad no le es ajeno, mas, no puede ni debe constituirse en el elemento central del desarrollo, pues, la competencia a ultranza puede resultar inmoral (en el sentido en que se introdujo el término moral anteriormente: destrucción de las bases de la existencia de una sociedad).

La moral como construcción social es inherente a la consolidación de una sociedad, mas, también se la puede considerar desde otros puntos de vista. Algunos grandes pensadores, entre ellos, Aristóteles, afirmaban que el hombre tiene un sentido innato del bien y del mal, categorías conceptuales utilizadas con relación “al otro”. El “bien” generalmente es definido a través de alguna forma de ayuda o solidaridad, mientras que “el mal” es ignorar a los demás o hacerles daño. Con base a principios similares, las diferentes religiones del mundo han creado a su vez su propias morales cuyo común dominador es ayudar a los demás (esperándose reciprocidad del “otro”). Luego desde vertientes diferentes, la construcción social, la presunción de características innatas del hombre y la religión, la humanidad ha ido creando un concepto de moral que contrasta con los principios y consecuencias del modelo económico neoliberal que denigra al pobre y destruye la solidaridad remplazándola por la noción de competencia. En esta corriente de pensamiento, se afirma que el pobre es el que no se esfuerza, generalmente por vicio o flojera y que no es conveniente cobrar impuestos para financiar programas que beneficien a los que menos tienen.

Cuando la declaratoria de la voluntad de vivir junto implica a varios millones de personas, se necesita además que la CPE establezca la forma en que serán administrados los acuerdos. El ejercicio de la democracia requiere que la población esté informada sobre las propuestas de los partidos políticos y sobre los actos del gobierno, es decir, que haya medios eficientes de comunicación social. El problema que se plantea con relación a este punto es cómo introducirlo en la CPE sin violar la libertad de expresión y de comercio.

Un aspecto importante referente al gobierno, generalmente olvidado en el debate público, es que tiene dos cuerpos: el referente al liderato político representado por las autoridades elegidas y la burocracia que debe administrar con eficiencia la cosa pública. En el pasado se ha tendido a considerar liderato y burocracia como una sola cosa en la medida en que la burocracia era escogida entre los miembros del partido que había ganado las elecciones. Hoy en día, en la mayor parte de los países se tiende a privilegiar la eficiencia en la elección de los empleados públicos; este punto debería también ser incluido de alguna manera en ese acuerdo básico que se llama la CPE.