LA FALTA DE CULTURA INSTITUCIONAL. A PROPÓSITO DEL ESCÁNDALO EN EL BANCO CENTRAL

Por Dr. Rolando Morales Anaya (La Razón)

A pesar del optimismo que provocó en la población el regreso a un régimen democrático a comienzo de los años ochenta, queda a lamentar que Bolivia no haya hecho avances más allá de la consolidación del derecho al voto. En particular, los ciudadanos ignoran sus derechos sociales y cívicos en un contexto de gran desconocimiento del marco institucional donde podrían ejercerlos. Los gobiernos que Bolivia ha tenido en las últimas décadas han contribuido a esta falencia.

Un ejemplo aterrador de la falta de cultura institucional es la actual campaña de denuncias sobre el financiamiento de la represión en las fatídicas jornadas de octubre y la comprensible preocupación que ella provoca en la ciudadanía. La campaña apunta a acusar al Banco Central de haber decidido el uso de fondos públicos para matar a ciudadanos bolivianos, ignorando que legalmente el Banco Central no tiene la facultad de disponer de los fondos públicos ni tampoco de controlar el buen uso que se les pueda dar. El Banco Central según su ley constitutiva es un mero cajero del Gobierno y esa es la función que cumple con apego a la ley.

El destino de los fondos públicos es decidido por el Congreso a comienzos de cada año a través de la llamada Ley Financial que eleva al rango de ley el Presupuesto de la Nación. El Congreso establece partidas de gasto para los sectores de educación, salud, fuerzas armadas, prefecturas, etc., y también para los “gastos reservados”. El Congreso nunca ha hecho explícitos los rubros en los cuales se podría usar esta última partida, mas, todo Bolivia, incluyendo a los parlamentarios, sabe y sabía que por lo menos una parte de estos son utilizados en actividades represivas reñidas con el respeto a los derechos humanos y la democracia. El Banco Central no participa en la asignación de recursos que hace el Congreso. Éste ha vuelto a aprobar fondos para esta partida, ¿no sería tiempo de suprimirlos completamente?.

Una vez aprobada la Ley Financial e identificadas sus fuentes de financiamiento, el Estado abre cuentas en el Banco Central donde se consigna los montos respectivos. A partir de esa fecha, estos dineros pueden ser dispuestos exclusivamente por los titulares de las cuentas designados por ley. Los titulares son autoridades del Gobierno. El Banco Central se constituye en un mero depositario y tiene la obligación de entregar los montos asignados en las partidas del presupuesto cada vez que el titular legal de cada cuenta lo solicite. El ente emisor no dispone en qué, ni para qué, ni cuando serán usadas estas cuentas. En el caso del retiro de fondos en el mes de octubre, el responsable de ese retiro fue el Ministro de Hacienda de entonces, quien estaba legalmente habilitado para ello. El es el que podría informar para qué retiró ese dinero. Hasta el momento guarda estricto silencio, a la prensa no se le ocurre la idea de entrevistarlo y las autoridades no hacen nada para aclarar este asunto.

La Controlaría es la entidad encargada, no el Banco Central, de vigilar el buen uso de esos fondos. ¿El Ministro de Hacienda usó el dinero retirado según lo establecido en la Ley Financial?, sino fuera así, la Contraloría debería inmediatamente iniciar el proceso correspondiente. Si el Ministro de Finanzas usó ese dinero de acuerdo a la Ley Financial,. ¿ésta le permite utilizar recursos públicos para matar bolivianos?. Si fuese así, los que aprobaron esta ley deberían pasar al banquillo de acusados y debería establecerse modificaciones a nuestro orden legal prohibiendo y penalizando dichas operaciones. La última alternativa es que los recursos retirados del Banco Central no hayan sido utilizados para la represión. Esto es difícil de creerlo, mas, el ex ministro de Hacienda es el que debería aclarar este punto, si fuese necesario, con la intervención del Ministerio Público.

Para concluir cabe manifestar sorpresa que se ponga al Banco Central en el banquillo de los acusados y no a las personas y entidades que tienen por ley la potestad de decidir el uso de los recursos públicos y/o de controlar su buen uso. Es posible que esta situación haya sido generada por el desconocimiento del orden legal e institucional que sufrimos muchos bolivianos, mas, es posible también que haya personas o agrupaciones que estén intentando desviar la atención pública para salvar a los responsables. En este marco, llama poderosamente la atención que un militante del partido del último gobierno responsable de los hechos de octubre, haciéndose pasar por dirigente sindical, sea el líder de esta campaña de desinformación orquestada por algunos medios de prensa que no manifiestan preocupación ni siquiera para preguntarle sus antecedentes.